El investigador es parte del nuevo referente “Juntos x el agua”, que busca aportar al debate constitucional con una serie de propuestas, entre ellas, que la administración pública de las aguas sea ejercida por un organismo autónomo y técnico.
Con el objetivo de hacer un aporte al debate constitucional sobre el agua, un grupo de doce académicos, emprendedores, innovadores y gestores del agua decidieron ponerse de acuerdo “dejando de lado legítimas posiciones políticas de cada cual, y proponer soluciones”, y conformaron el referente “Juntos x el agua”. Uno de ellos es el experto en recursos hídricos Dr. José Luis Arumí, académico de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción (FIAUdeC) e investigador principal del Centro de recursos hídricos para la agricultura y la minería (Crhiam).
“Queremos aportar a la discusión, tanto a nivel constitucional como posteriormente. Un aspecto importante es que se aprobó recientemente el nuevo Código de Aguas después de muchos años de discusión, entonces, independiente de esta contingencia, también existe una contingencia que es importante en el cambio de los procedimientos; existe una amplia discusión que probablemente se va a incorporar a la Constitución y después se va a incorporar en la generación de leyes, entonces, la idea de este grupo es continuar más allá de esta coyuntura”, declaró.
Respecto al debate en la Convención Constitucional, el Dr. Arumí defendió que “es necesario entregar las visiones de todos los sectores y es necesario darle una mayor visión técnica a la discusión. Por lo que yo he visto, hay un cierto nivel de atrincheramiento político, entonces, creo que es necesario respirar muy profundo y ser capaz de conversar y trazar ideas; yo, por ejemplo, para este documento que consensuamos, tenía varias ideas, más avanzadas quizás, desde el punto de vista ambiental, que lo que está aquí, pero que en pos de lograr un consenso entre toda la gente uno tiene que estar dispuesto a decir ‘hay partes que no agrego’. Es necesario ser capaces de deponer un poco las barreras que te genera tu propia ideología o tu forma de pensar, para tratar de llegar a un consenso. Ahora, lo que me preocupa mucho en la discusión de la Constitución es que han aparecido ideas como derogar el Código de Aguas, después de que está recién aprobado tras más de una década de discusión, lo cual me parece absurdo”.
“Nosotros pensamos que hay que generar una discusión con altura de miras, en función del bien común del país, atendiendo todas las miradas, pero siendo capaces de escuchar a las personas que no piensan como uno, con generosidad y sin tanto descalificativo”, sostuvo el Dr. Arumí.
Nuevo referente
En su declaración, el nuevo referente “Juntos x el agua” subrayó que “las soluciones deben ir de la mano con el conocimiento que hoy existe sobre gestión eficiente del agua, sobre modelos para su gobernanza y con gran urgencia”.
Como primera acción, propusieron los aspectos que a su juicio debe contener la Constitución en materia hídrica, donde “el agua debe ser reconocida como un elemento básico para la vida, el desarrollo y el bienestar humano, así como para la subsistencia animal, vegetal y de los ecosistemas. Es deber del Estado como entidad al servicio de las personas, generar las condiciones que garanticen la seguridad hídrica para las generaciones actuales y futuras”.
Los expertos expresan que la Constitución debe consagrar el derecho humano al agua para uso personal y doméstico bajo estándares de suficiencia, salubridad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad, así como el derecho al saneamiento, según las condiciones que fije la ley, y precisando los organismos responsables de su cumplimiento.
A su vez, consideran que el Estado asegure el agua como un elemento primordial para la producción de bienes esenciales, como los alimentos y abogan por un Constitución que establezca una institucionalidad pública para la gestión del agua a nivel nacional y por cuenca, y se la juegan por que la administración pública de las aguas sea ejercida por “un organismo autónomo y técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio; que asegure su estabilidad y relativa independencia del gobierno o poder político de turno”. Además, rescatan el rol de las organizaciones de usuarios de aguas, que a su juicio debe ser potenciado.
Los firmantes, afirman que la Constitución debe establecer explícitamente el carácter de bien nacional de uso público de las aguas y que podrán otorgarse, concesiones sobre las aguas, correspondiendo a la ley regular su otorgamiento, condiciones de ejercicio, limitaciones y extinción, en conformidad al interés público. En todo caso, la Constitución debe – a juicio de los firmantes- reconocer y amparar los derechos de aprovechamiento actualmente vigentes, por tratarse de derechos adquiridos, que se encuentran protegidos por los Tratados Internacionales.
Deberes
Uno de los aspectos más novedosos de la propuesta es que considera establecer deberes, donde todos tengan el deber de utilizar el recurso hídrico con la máxima eficiencia que la tecnología actual permita y minimizar el impacto ambiental que signifique su uso.
Otra novedad es la idea de que el Estado cree un Programa Nacional de Educación para el Agua, “para generar conciencia orientada a la adopción de tecnologías que aseguren el uso eficiente y sustentable de los recursos hídricos actuales y futuros”.
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